«Se hace más necesario que nunca abundar en la coordinación, extendiendo los ámbitos de actuación de la Seguridad Privada»
El Ministerio del Interior ha establecido en los últimos años diferentes mecanismos para hacer frente a las nuevas amenazas procedentes de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Tanto en este entorno como en el caso de peligros tradicionales, como el terrorismo o el crimen organizado, la colaboración es una pieza esencial en las políticas de seguridad interior. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, insiste en múltiples ocasiones acerca de esa necesidad en esta entrevista concedida aSeguritecnia, en la que analiza varias cuestiones de actualidad en su departamento.
No falta, por tanto, en este texto el avance que ha experimentado la Seguridad Privada a lo largo de los años y su futuro desde el punto de vista normativo. Como sostiene el número dos del Ministerio del Interior, este sector desempeña “un papel fundamental” en el conjunto del sistema de seguridad español. De ahí que se le haya tenido en consideración en los proyectos emprendidos en múltiples ámbitos.
– ¿Cuáles son las materias que más le preocupan en cuanto a la protección de los ciudadanos?
Me preocupa especialmente la protección de los ciudadanos frente a las peores amenazas que acechan a las sociedades de nuestros tiempos y de nuestro entorno. Éstas son el terrorismo, como amenaza directa contra la vida y seguridad de los ciudadanos y contra los cimientos del Estado de Derecho, y el crimen organizado en un sentido amplio, desde el tráfico de drogas –con la especial relevancia de la situación geográfica de nuestro país–, hasta el tráfico de seres humanos o la corrupción y el blanqueo de capitales, que no pueden combatirse sino desde una perspectiva de intensa y activa cooperación internacional.
Pero además de la lucha contra esas dos grandes amenazas, también me preocupa mejorar la percepción que los ciudadanos tienen sobre el servicio de seguridad que reciben. Me interesa que sientan la cercanía de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) desde la presencia preventiva y la rapidez de respuesta, pero también aprovechando las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para dar consejos sobre seguridad al ciudadano y abrir las puertas a sus informaciones y demandas las 24 horas del día durante todo el año.
Y en la mejora de esa percepción subjetiva de la seguridad, considero que ocupa un papel fundamental la aportación de las capacidades de la seguridad privada al conjunto del sistema de seguridad en nuestro país.
– La coyuntura económica y social en España no atraviesa por su mejor momento. ¿De qué manera influye esa situación en la seguridad del Estado?
La coyuntura económica actual exige un esfuerzo tanto a las administraciones como al sector privado, en la medida en que partimos de una situación que no podía mantenerse y que debe transformarse en un marco de medidas eficientes que nos lleven a la generación de empleo y a la reactivación de la actividad económica en nuestro país.
Las peculiaridades del Ministerio del Interior se resumen en que es prioritario mantener la seguridad del Estado. Esta situación nos está llevando a reformular procedimientos y priorizar necesidades, buscando con ello una mayor eficiencia con recursos limitados y sin permitir que se resienta el servicio que se presta al ciudadano.
Para ello, es fundamental contar con la integración de todos los agentes humanos, materiales y normativos que puedan contribuir a mantener y mejorar nuestros niveles de seguridad.Por tal motivo, se hace más necesario que nunca abundar en mecanismos de coordinación, especialmente entre la Seguridad pública y la privada, extendiendo los ámbitos de actuación de esta última, generando sinergias positivas y permitiendo la expansión de un sector crítico para la seguridad de los ciudadanos, la seguridad privada.
Especialmente en un momento tan decisivo también desde el punto de vista de su capacidad de dinamizar la actividad económica.
– El atentado del maratón de Boston ha dado muestra de que, incluso con las mayores medidas de seguridad, todos los países son vulnerables al terrorismo internacional. ¿Qué políticas está llevando a cabo España para hacer frente a una amenaza tan impredecible?
Efectivamente, el terrorismo internacional de corte yihadista es una amenaza que ya ha golpeado a España, como ha golpeado a los Estados Unidos, Reino Unido o Francia, entre otros muchos países. Me resisto a aceptar que la amenaza terrorista pueda asumirse como una vulnerabilidad de las sociedades a las que golpea. Pero sí es cierto que nos obliga, con más ahínco, a reforzar nuestros lazos de cooperación con los países de nuestro entorno y con las organizaciones internacionales a las que pertenecemos, para neutralizar a todo aquél que quiera romper la libertad de nuestro estilo de vida mediante la imposición del terror.
Para hacer frente a esta amenaza, nuestra política está basada en la colaboración para reforzar nuestras capacidades de inteligencia y poder abordar el problema desde la dimensión más amplia posible.
Luchamos contra el terrorismo con políticas de prevención de fenómenos de radicalización, de deslegitimación de la violencia, de aquellas ideologías que la favorecen o de ordenación de los flujos migratorios. Pero desde luego, también con políticas decididas a mantener las capacidades que tantas vidas, tiempo y esfuerzo han costado conformar, y que colocan a nuestras FCSE en unas elevadísimas cotas de eficacia en la gestión de la lucha antiterrorista. Es perentorio mantener todas las capacidades policiales para detectar las actividades terroristas, neutralizar la amenaza, detener a los responsables y ponerlos a disposición de la Justicia.
En este ámbito es también fundamental establecer un cauce adecuado que permita el intercambio de información entre la Seguridad pública y la privada, por el enorme potencial que supone la una para la otra y por la evidente repercusión positiva que representa este flujo de información para los respectivos servicios que deben desempeñar.
Tuve ocasión de expresarlo el pasado 21 de mayo, con ocasión de la celebración del primer Día de la Seguridad Privada: las empresas de seguridad privada son colaboradoras indiscutibles de las FCSE.
– La protección de infraestructuras críticas es una de las prioridades del Ministerio del Interior. ¿Cómo valora la respuesta de los operadores de estos servicios esenciales tras la aprobación hace dos años de la “Ley PIC”?
Desde esta Secretaría de Estado, a través del Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC), la aprobación de la conocida como “Ley PIC” se ha traducido inicialmente en concienciar a los operadores estratégicos de la necesidad de garantizar la protección de nuestras infraestructuras a través de los conceptos de ‘responsabilidad compartida’ y de ‘colaboración público-privada’. De esta forma, la respuesta y la aceptación que ha tenido la normativa por parte de los operadores está siendo extremadamente positiva y con una disposición generalizada a trabajar hombro con hombro con nosotros.
Otra de las novedades de la “Ley PIC” que ha causado gran expectación es la incorporación de los operadores dentro del Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas como agentes de dicho sistema, lo cual está dando al sector privado un protagonismo y una participación en la seguridad común que hasta hace unos años era impensable.
El siguiente hito abordado, precisamente de la mano de los operadores, ha sido la redacción y puesta en marcha en junio de los primeros Planes Estratégicos Sectoriales, que marcarán la hoja de ruta para la implantación definitiva de la Ley 8/2011 y su reglamento de desarrollo. Comenzamos de esta forma a poner las bases que a corto/medio plazo nos van a permitir garantizar la mejor protección de aquellas infraestructuras sobre las que se asienta el normal funcionamiento de los servicios esenciales de la sociedad.
– Las Secretarías de Estado de Seguridad y de Telecomunicaciones han creado un Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad (CERT) para las emergencias informáticas en las infraestructuras críticas. ¿Cuál es la importancia de este equipo de respuesta para la seguridad en España?
Este CERT se ha constituido en punta de lanza a nivel internacional en materia de cibersguridad, dado que en pocas ocasiones se ha consumado una integración y aprovechamiento de los recursos disponibles en las administraciones públicas de la forma en la que se ha hecho. Todo ello contando además con dos de los principales agentes responsables de la ciberseguridad nacional, como son el Inteco [Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación], que presta servicios a empresas y ciudadanos, y el CNPIC, que tiene por objeto coordinar y dirigir todas aquellas actividades que se emprendan en el ámbito de la protección de las infraestructuras críticas.
Esta fusión de capacidades entre los entornos de Interior y de Industria es algo esencial para acometer con éxito cualquier empresa que se emprenda en el ámbito de las infraestructuras críticas, donde un alto porcentaje de ellas recae en el sector privado. Además, es importante destacar que el sector público ya cuenta con un excelente servicio de ciberseguridad que no es necesario sustituir sino complementar.
Francisco Martínez Vázquez con Ana Borredá directora de Seguritecnia, en un momento de la entrevista en el despacho del Secretario de Estado de Seguridad.
Este nuevo CERT ha conseguido normalizar la gestión de la ciberseguridad en lo que respecta a las relaciones del sector privado con el público, aspecto que en distintas ocasiones se ha venido promoviendo por parte de las autoridades europeas. Por lo tanto, considero que hemos dado un gran paso adelante en materia de ciberseguridad, alineando nuestras necesidades a aspectos que desde la Unión Europea se consideran esenciales, como son la colaboración público-privada, el intercambio de información o el establecimiento de un punto de contacto único.
– La ciberseguridad se ha convertido en uno de los ejes estratégicos de las políticas de seguridad de los países. ¿Hasta qué punto está preparada España para hacer frente a esta amenaza que cada día es más peligrosa?
Es cierto que la ciberseguridad ha cobrado un papel esencial en las políticas de seguridad internacionales, pero también lo es que en España hemos venido apostando desde hace años por la mejora de la seguridad como un todo. El gestionar la seguridad de forma integral permite no sólo ser más eficientes, sino también facilitar la tarea de evaluación de la amenaza. En este sentido, hemos constatado un aumento considerable de las amenazas cibernéticas, que ha derivado en el desarrollo de distintas actividades desde el Ministerio del Interior.
Una es el establecimiento de un convenio de colaboración en materia de ciberseguridad entre la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y la Secretaría de Estado de Seguridad.
En segundo lugar, se ha llevado a cabo la mejora de las capacidades de las unidades especializadas en ciberdelincuencia y ciberterrorismo de las FCSE.
En tercer lugar está el establecimiento de planes de formación en materia de ciberseguridad para los órganos del Ministerio del Interior con competencias al respecto.
También destaca el desarrollo de proyectos de I+D en materia de ciberseguridad, adecuando sus objetivos con las necesidades expresadas por los órganos del Ministerio del Interior con competencias en ciberseguridad.
Y, por último, está el establecimiento del ya mencionado CERT para las infraestructuras críticas y operadores estratégicos.
Por lo tanto, podemos concluir que España se encuentra capacitada para gestionar de forma óptima las ciberamenazas, si bien somos conscientes de que todo esto debe enmarcarse en un proceso de mejora continua que se adapte a la constante evolución de las tecnologías de la información y comunicaciones.
– En abril inauguró el Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad (CNEC) para formar en la materia, entre otros, a miembros de las FCSE. ¿Cuáles son sus expectativas a medio plazo respecto a este centro?
Tenemos grandes expectativas puestas en este centro, ya que acomete uno de los aspectos fundamentales de cara a abordar la ciberseguridad de forma apropiada, como es el caso de la formación.
Una formación especializada en materia de ciberseguridad debe adecuarse a las necesidades y requisitos de aquellos que la reciben, y eso es algo que hemos conseguido con el CNEC.
Estoy seguro de que este centro aportará un gran valor añadido a todas las unidades dependientes de mi Secretaría de Estado que tienen relación con la ciberseguridad, la ciberdelincuencia o el ciberterrorismo.
– La Estrategia de Seguridad Nacional señala que para hacer frente a las amenazas sobre el país es necesaria la colaboración privada. ¿Cuál es su consideración sobre el papel que desempeña, en concreto, la Seguridad Privada en la lucha contra los delitos?
La Estrategia de Seguridad Nacional (ESN), que ha visto la luz tras un profundo análisis y debate entre todos los departamentos con responsabilidades sobre la seguridad de los intereses vitales y estratégicos de España, va un paso más allá en la relevancia otorgada al sector privado.
Se establece como primer principio informador de la ESN la unidad de acción, que bajo la dirección del Gobierno, supone la implicación, la coordinación y la armonización de todos los actores y los recursos del Estado, así como la colaboración público-privada y la implicación de la sociedad en general.
Asimismo se establece un nuevo Sistema de Seguridad Nacional, para responder de forma efectiva e integral a los complejos retos que exige la preservación de la seguridad en el mundo actual y se determina que la colaboración público-privada es uno de los principios que sustentan dicho sistema.
Considero por tanto fundamental el papel que debe protagonizar la Seguridad Privada en la lucha contra los delitos, en el ámbito de la prevención, la disuasión, la detección y la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Las empresas de este sector, como he citado anteriormente, son colaboradoras indiscutibles de las FCSE.
Pese a considerar que partimos de una buena situación en comparación con los países de nuestro entorno, hemos recogido las demandas de la Seguridad Privada sobre la necesidad de modernización del sector. Tras la Ley 23/1992, que ha permitido un amplio desarrollo y una alta consideración y aceptación social sobre la actividad de la Seguridad Privada, este Gobierno se ha planteado la necesidad de una nueva ley que, entre otros objetivos, mejore la eficacia en la prestación de servicios –con especial énfasis en las facetas de formación y motivación del personal de seguridad privad–, les dote de suficiente respaldo jurídico en el desempeño de sus funciones, de mecanismos adecuados de coordinación con las FCSE, elimine las situaciones de intrusismo profesional y permita el desarrollo del sector con las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías.
La nueva ley apuesta decididamente por el papel preventivo de la seguridad privada en beneficio de la seguridad general, integrando todo su potencial al servicio de la protección y seguridad de los ciudadanos.
Apuesto decididamente por la competitividad de este sector. Tuve oportunidad de expresarlo el pasado mes de marzo, frente a la Comisión de Evaluación del Comité Olímpico Internacional (COI), en defensa de la Candidatura Madrid 2020 a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. La preocupación expresada por el COI sobre las capacidades de la Seguridad Privada en las distintas candidaturas que compiten con la nuestra, quedaron disipadas en lo que respecta a España, con la firme defensa y compromiso de este secretario de Estado de Seguridad con la capacidad, profesionalidad y potencialidad de nuestra Seguridad Privada.
– ¿De qué forma trabaja el Ministerio del Interior en la mejora de la coordinación y colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?
La mejora de la coordinación y los mecanismos de colaboración es una preocupación constante que ya expresó el propio ministro el 31 de enero de 2012, cuando presentó ante el Congreso de los Diputados las líneas generales de la política de su departamento.
Concretamente, y como línea estratégica transversal, el ministro Jorge Fernández apostaba por una racionalización de los medios disponibles y el uso eficiente de los recursos. Para ello se establecían, entre otros objetivos, la mejora de la coordinación entre las FCSE y de las policías locales, así como la mejora de los mecanismos de colaboración entre la Seguridad pública y privada.
Estos aspectos de colaboración, constituyen la labor continua y cotidiana de la Secretaría de Estado.
En cuanto a las policías locales, el marco de colaboración por excelencia es el Convenio Marco de colaboración, cooperación y coordinación entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios (FEMP). Con dicha federación y, a título de ejemplo, mantuve una reunión en la Comunidad Valenciana el pasado mes de abril, para intensificar los canales de colaboración que permitan una acción más eficaz en la lucha contra los ilícitos en el ámbito agrícola y ganadero.
En cuanto a policías autonómicas, el espacio de coordinación previsto en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, es el de las Juntas de Seguridad que periódicamente se celebran para coordinar políticas de seguridad con los responsables políticos y policiales de cada una de ellas.
Por otro lado, considero relevante citar la importancia de la Instrucción 1/2013 que aprobé a principios de este año, sobre la estadística nacional de criminalidad, para permitir al Gobierno desarrollar las políticas públicas más adecuadas en el ámbito de la seguridad del Estado, facilitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad una valoración objetiva sobre el desempeño de sus misiones y acercar a los ciudadanos la labor desempeñada por el conjunto de los actores involucrados en la protección de sus derechos y libertades.
En la Estadística Nacional de Criminalidad participan tanto las FCSE, como las comunidades autónomas, con Cuerpos policiales propios mediante el procedimiento determinado por los respectivos gobiernos, o las policías locales que se determinen en función de los acuerdos que se alcancen con la FEMP.
En cuanto a la mejora de los mecanismos de colaboración entre la Seguridad Pública y la Seguridad Privada, ya he hablado de la necesidad de promulgación de una nueva ley que permita desarrollar la potencialidad de este sector estratégico. Pero me gustaría además citar otras iniciativas de gran relevancia:
El Plan Coopera de la Guardia Civil (Plan General de Colaboración con el sector de la Seguridad Privada) que, desde 2006, busca compartir los beneficios del enorme potencial que suponen el despliegue de servicios prestados por la Seguridad Privada y por este Cuerpo de Seguridad estatal.
El Proyecto Red Azul del Cuerpo Nacional de Policía que, desde 2011, despliega un amplio abanico de medidas de colaboración entre este Cuerpo y el sector de la Seguridad Privada.
La instauración del Día Nacional de la Seguridad Privada el 21 de mayo, que ha sido celebrado este año por vez primera. Este día busca el reconocimiento expreso de este ministerio y de la sociedad española a la trascendental labor desarrollada por la seguridad privada y el impulso a la divulgación de su utilidad social, sensibilizando a la sociedad sobre su contribución a la mejora de la seguridad común como colaborador indiscutible de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
– Recientemente se ha comenzado a incorporar a personal de seguridad privada en las prisiones españolas. ¿Qué criterios han primado para seleccionar a las empresas que prestan estos servicios?
Durante el recorrido de la presente legislatura, el Ministerio del Interior está procediendo a la revisión de los dispositivos de seguridad establecidos con carácter permanente en diferentes instalaciones públicas, al objeto de tratar de optimizar los recursos humanos y materiales asignados y hacer un uso más eficiente de los mismos sin pérdida en las condiciones de seguridad.Al mismo tiempo, se ha realizado un importante esfuerzo para racionalizar los servicios de protección personal en función de valoraciones objetivas y rigurosas sobre el grado de amenaza a la que estaban sometidas las personas protegidas.
De este modo, el Ministerio del Interior abordó una fuerte reducción de servicios de escoltas que durante los últimos años venían siendo prestados por empresas de seguridad privada en el País Vasco y Navarra. El colectivo profesional afectado por esta reducción expresó su preocupación a este ministerio sobre su situación futura tras los difíciles años en que habían desempeñado su arriesgado trabajo. Y desde este departamento se asumió el compromiso de buscar soluciones alternativas.
En este sentido, hemos puesto en marcha un plan que contempla la incorporación de vigilantes de seguridad en determinados puestos de trabajo de los dispositivos de seguridad de algunos centros penitenciarios para actuar en cometidos concretos, considerados menos sensibles y siempre en apoyo y bajo la supervisión del Cuerpo de Seguridad del Estado que tenga encomendada la protección de cada centro afectado.
Para ello se puso en marcha un expediente de contratación administrativa por un importe de 7.405.200 euros, con una duración de nueve meses. En la tramitación han sido invitadas a participar las empresas involucradas en la prestación de servicios de escoltas en el País Vasco y Navarra, las cuales han constituido una Unión Temporal de Empresas (UTE).
El pasado 6 de mayo se comenzaron a prestar servicios en 21 centros penitenciarios, resultando necesaria la contratación de 234 vigilantes, de los que 95 habían sido escoltas en el País Vasco o Navarra, lo que supone un 40,6 por ciento del total.
Durante este periodo de nueve meses se evaluará la pertinencia de esta experiencia piloto para tratar de concluir si, en una segunda fase, la misma es extrapolable al resto de los centros penitenciarios.
– En el ámbito europeo, ¿qué aspectos se están potenciando para incrementar los niveles de cooperación entre Estados miembros?
En el ámbito de la Unión Europea, me permito asegurar que las labores de coordinación en la seguridad del territorio comunitario son continuas, de un alto grado de compromiso y eficacia y en un amplísimo espectro de materias.
En la recién aprobada Estrategia de Seguridad Nacional se expresa que avanzar en la construcción europea es hacer a España más segura y más próspera. Precisamente en este ámbito me interesa destacar la relevancia de nuestra implicación en el Comité Permanente de Seguridad Interior (COSI), creado por el artículo 71 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), con el objetivo de garantizar, dentro de la Unión, el fomento y la intensificación de la cooperación operativa en materia de seguridad interior.
Algunos logros del COSI, que funciona desde 2010, son los la elaboración de le Estrategia de Seguridad Interior de la UE; la adopción de 29 medidas de refuerzo de las fronteras exteriores y lucha contra la inmigración ilegal; o la aprobación del ciclo político de la UE contra la delincuencia organizada y las formas graves de delincuencia internacional. Recientemente se ha alcanzado un acuerdo en el COSI, ratificado en el Consejo JAI (Asuntos de Interior y de Justicia) de junio, sobre las prioridades de la UE en la lucha contra la delincuencia organizada durante el periodo 2014-2017. En concreto se han definido ocho prioridades: la lucha contra la inmigración ilegal, la trata de seres humanos, el tráfico de armas, drogas sintéticas y tráfico de drogas, la ciberdelincuencia, productos falsificados, impuestos especiales y fraude intracomunitario y delincuencia organizada contra la propiedad.
La puesta en marcha del ciclo político en los próximos años va a exigir una cooperación estrecha entre las distintas autoridades nacionales y comunitarias, va a requerir la participación de todos los agentes implicados y que los Estados miembros garanticen un seguimiento real con un compromiso operativo. España ya ha confirmado su participación en todas las prioridades y ha expresado su intención de asumir un papel relevante en alguna de ellas. Es decir, se trata de un trabajo coordinado desde Bruselas que tiene un impacto importante a nivel nacional.
Por otra parte, España y Francia se han comprometido a tratar de potenciar el papel operativo del COSI. Durante la IV Reunión del Comité de Planificación y Coordinación Estratégica de Seguridad Interior hispano-francés, que tuvo lugar el 24 de mayo, se acordó una declaración mediante la que se proponen una serie de medidas que promuevan una mayor participación de las autoridades nacionales de seguridad interior y faciliten que el COSI asuma la responsabilidad estratégica que se le reserva en el TFUE. Debo destacar en el marco de esta reunión la especial relevancia que supone la estrecha colaboración existente entre Francia y España en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.
Para finalizar, y sobrepasando el marco estricto de la UE, quiero constatar la importancia que para la seguridad de nuestros ciudadanos tiene otro marco de cooperación internacional. Me estoy refiriendo en esta ocasión al Mediterráneo Occidental y a los acuerdos alcanzados durante la XV Conferencia de los Ministros de Interior del conocido como grupo 5+5 y reflejados el pasado mes de abril en la Declaración de Argel, que, además de tratar el terrorismo y el crimen organizado, se centra en el tráfico de personas y la migración ilegal, la protección civil y la cooperación descentralizada entre diferentes regiones nacionales.
Los representantes de Portugal, España, Francia, Italia y Malta, por la parte europea, y de Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Mauritania, por la magrebí, mostraron su convencimiento de la relación entre el terrorismo y el crimen organizado, en especial el tráfico de drogas, que, como decía al principio de esta entrevista, son las materias que más me preocupan en relación a la protección de los ciudadanos.
